La documentación a presentar incluye la solicitud, disponer de pasaporte en vigor, la acreditación del vínculo con el ciudadano español o comunitario y contar con suficientes medios económicos para el sostenimiento del reagrupado.

Esto supone ser capaz de afrontar gastos por valor del 150% del IPREM en el caso de seamos una única persona que se encarga del ciudadano extracomunitario añadiendo un 50% por cada miembro familiar adicional.

Este tipo de residencia se orienta a los descendientes o ascendientes en primer grado especialmente así como cónyuge o pareja de hecho. Por tanto es vital contar con certificado de nacimiento y/o de matrimonio o pareja de hecho en su caso legalizado o apostillado según el país de origen.

Pero también es extensible a cualquier familiar respecto del cual podamos demostrar su dependencia económica respecto de nosotros. Este requisito no es una mera declaración de asunción de gastos por nuestra parte una vez que se encuentre en España.

Al contrario, hemos de probar que estamos contribuyendo al sostenimiento activo de nuestro familiar en el país de origen. La prueba de solvencia dependerá de si nuestro permiso de residencia es por cuenta ajena o propia.

Para que quede debidamente acreditado la forma más corriente y sencilla es aportar los certificados de envío de dinero suficientes para cubrir el sueldo mínimo del país de origen.

Asimismo la persona reagrupada, congruentemente, no puede disponer de trabajo o medios económicos propios que le permitan vivir independientemente. Por todos estos motivos unas de las fórmulas más empleadas son por un lado la reagrupación familiar de comunitario menor de 21 años y por otro de mayor de 65 años.